Ultimo tema: las fotocopias de Gloria .Sortijas para todos. Este caso judicial se puede analizar desde tres planos: primero la relación del estado con las empresas que realizan obras públicas; segundo, el plano judicial; y tercero el financiamiento de la política.
Primer aspecto: las grandes empresas en su relación con el estado. Evidentemente este caso trae a la luz un tema controvertido, discusión a la que le hemos escapado como sociedad y atraviesa toda la historia de nuestro país desde hace tiempo.
A saber: ¿como concretamos las grandes obras que necesitamos evitando los posibles sobornos a funcionarios por parte de empresarios y el pago de sobre precio por parte del estado para el beneficio de empresarios y funcionarios?
La cartelización de las empresas ha permitido grandes ganancias para ambas partes. Recordemos que una cartelización es cuando varias empresas se ponen de acuerdo y entre ellas establecen quien gana cada licitación según sus conveniencias, para lo cual se determina con anterioridad que ofertará cada una.
Los empresarios que han pasado por el despacho del juez Claudio Bonadio, serán investigados por las UFI (Unidad de Información Financiera). Y si participaron del blanqueo, ¿Qué pasará con el dinero blanqueado? Pues si no lo declararon y lo tenían escondido ¿Cómo lo ganaron con la obra pública? Si las empresas son las mismas que están hoy realizando obras o participan en licitaciones, como ejemplo tenemos a Roggio en la del subte, ¿Está bien? ¿Ahora no cartelizan más?
¿Por qué el poder judicial y el poder legislativo no aceptaron la propuesta de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de realizar una auditoría de toda la obra pública desde el año 2003?
Pasemos al segundo plano: el poder judicial. Es urgente pensar cómo democratizar el poder judicial para tener una justicia libre de carpetazos y presiones políticas de turno, hoy tenemos una cofradía en lugar de un poder judicial.
Para cerrar el tercer plano: el del financiamiento político. Las empresas no deben aportar a las campañas políticas ni a los partidos, pues es un posible camino para comprar voluntades. Tal vez una salida sea que los partidos participantes reciban una suma para la campaña de parte del Estado y con eso solventen los gastos de su campaña.
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